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    martes, 16 de junio de 2009

    Ley Sarkosy, Telecomunicaciones y Derechos Humanos

    Me gusta el título de este post. Estaba leyendo a Enrique Dans y me encontré con su interesante, aunque muy emotiva opinión sobre la decisión del Tribunal Francés que frenó el paso al intento del Gobierno Francés y los poderosos de la industria del entretenimiento de controlar los contenidos a través de restricciones a los proveedores de servicios de Internet.

    El intento fue criticado por muchos, como absurdo e imposible de controlar y más importante aún por considerar que violaba derechos humanos fundamentales como el derecho de acceso a la información, privacidad, entre otros. Basados en la supuesta "ilegalidad" de las descargas a través de Internet, el proyecto buscaba ganar como aliados a los proveedores de servicios. El tiro le salió por la culata, al menos en España, ya que el grupo Redtel (el consorcio formado por Telefonica, Vodafone, Ono y Orange), ha afirmado, de manera responsable, que “no volverá a negociar con la industria cultural un plan anti descargas”.

    El asunto nos resulta muy interesante para comentar en este blog dado que se trata de una discusión que no es fácil de resolver por la mera legalidad. Por un lado, el sistema político y jurídico Francés resultó blindado por sus tribunales de permitir que esta ley se entrometiera en la vida de las personas y, así, protegiera a una industria que aún no sabe como reajustar su modelo de negocio. Por otro lado, el sistema de propiedad intelectual vigente tampoco ha sido capaz de ajustarse a las nuevas realidades. Mientras tanto, los ciudadanos de mundo, los que contamos con el privilegio de tener acceso a Internet, seguimos descargando e intercambiando contenidos. La industria del entretenimiento nos llama ilegales, pero varias decisiones de los tribunales mundiales han dicho que la descarga no es ilegal.

    Entonces, ¿cómo encontrar una solución?. El asunto es bien complejo, porque implica detener la inercia de un negocio que tiene casi más de un siglo de evolución, en el que el sistema de propiedad intelectual tal como lo conocemos, da sustento a su modelo de negocio. Ahora, con una realidad social, de nivel global, que no puede tener en cuenta este sistema, es necesario acomodar esta industria. Además, el asunto tiene intereses pesados en el tema, como el de los proveedores de servicios de Internet (como Redtel) y el gobierno, que es presionado por la industria del entretenimiento.

    La ley no es suficiente y resulta muy complejo sentar a media humanidad a conversar con el gobierno, la industria del entretenimiento y los ISPs, por simplificar los actores.

    Vuelvo a preguntarme ¿Y entonces?. Pues me parece que la medida del grupo RedTel es una de esas interesantes. De esas en las que es mejor no entrar en la pelea, a riesgo de hacer parte de la violación sistemática de derechos humanos. Para qué correr un riesgo tan alto de enfrentarse a la ciudadanía y al sistema judicial, cuando el centro de la discusión, y su solución, no está en la velocidad de la banda, o en la capacidad de control en la fuente de la conexión, sino en el modelo de negocio y en la actualización del sistema de propiedad intelectual (si ya se, un asunto muy complejo).

    Desde una lectura de responsabilidad social o de ética de las organizaciones, creo que las preguntas que se hace RedTel podrían ser de este estilo: ¿Cuál es mi función en la sociedad? ¿Qué justifica mi existencia como organización? ¿Qué me garantiza legitimidad social? ¿A largo plazo, dónde encuentro mayor sostenibilidad?

    La respuesta que se dan -en esto hago de brujo- es que su función es proveer la conexión porque esto facilita la inclusión digital, la disminución de la brecha, parte de la garantía para que se sigan dando conversaciones a nivel global. Mi función, dirán, no es ganar poder, respaldando el control que quiere imponer el gobierno y la industria del entretenimiento, ni ganar más dinero generando acuerdos con ésta misma. En palabras de Adela Cortina, el asunto no es actuar por las externalidades, sino trabajar por el rol que la sociedad les ha encomendado.

    La solución no está en la ley, no hasta que el sistema de propiedad intelectual gane (o sufra dirán algunos) modificaiones. La solución tiene que ver con la comprensión del rol social del gobierno y de la industria, en relación con un espacio virtual, ganancia democrática global, llamado internet.

    ¿Podrán?

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