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    lunes, 14 de septiembre de 2009

    Informes sociales en el sistema financiero (segunda parte)

    El Ministerio de Hacienda, en el decreto 3341 de 2009, acaba de regular la presentación de informes de sostenibilidad para entidades del sistema financiero.

    El decreto en mención es la regulación del artículo 96 de la ley 1328 de 2009, que realizó algunas reformas al sistema financiero. Ya en este blog y en otras publicaciones hemos tenido oportunidad de comentar sobre esta disposición, que celebramos en su momento con la esperanza de que se convirtiera en un sistema de gestión de la sostenibilidad de las organizaciones del sector.

    Sin embargo, el decreto 3341 de 2009 del Ministerio de Hacienda es lamentable y nos demuestra el grado de atraso de nuestras instituciones para comprender la responsabilidad social empresarial y el concepto moderno de sostenibilidad. Es una mala señal de la interpretación anticuada que la economía nacional le está dando a un tema que tiene el potencial de convertirse en un motor para el desarrollo, la seguridad de la inversión y la estabilidad de las empresas.

    En efecto, el contenido del decreto sigue equiparando responsabilidad social con filantropía. Dice en su artículo 3°

    Contenido de la Información: La información divulgada deberá contener al menos los siguientes puntos:
    1. Descripción de{l) (los) programa{s) social{es) implementado{s) por la entidad o entidades asociadas, y nombre de{l) (los) mismo{s) si lo tuviere.
    2.Breve descripción de las actividades desarrolladas, con indicación de los sectores beneficiados.
    3.Fecha de realización de las actividades del programa.
    4.Período que comprende la información.


    Como se ve, sólo obliga a reportar sobre cómo gasto mis excedentes de utilidad y no en cómo gestiono mi negocio. Ya en este blog hemos mencionado en repetidas ocasiones, y la doctrina de la RSE es clara en que la esencia de la actuación responsable, y mucho menos el concepto de sostenibilidad, puede circunscribirse únicamente al gasto filantrópico. La regulación se queda corta y atrasada de los estándares mundiales de reporte, que cuentan con indicadores específicos para reportar sobre ambiente, relación con los clientes, los trabajadores, la sociedad en general, etc.

    Al sistema no le debería importar mucho en qué invierte el banco, con lo que le sobra, sino en cómo gestiona el dinero de sus clientes, como aporta al desarrollo de las empresas, cómo participa de la competitividad nacional, cómo trata a sus empleados, cómo se gobierna, cómo asegura que no haya fraudes, etc.

    Parece que el Ministerio le diera la espalda al mundo, que ha comprendido que la sostenibilidad es un asunto integral, que incluye por lo menos componentes sociales, ambientales y económicos.

    Desde que conocimos la ley 1328 de 2009, advertimos de la necesidad de que la regulación incluyera estándares globales como GRI, AA100, índices de sostenibilidad de bolsas de valores, entre otros. Sin embargo, el Ministerio -en su ignorancia- pierde la oportunidad de impulsar la creación de modelos de sostenibilidad en un sector usualmente lejano de la realidad social. Al perder esta oportunidad, pierde también una ventaja competitiva fundamental para un sector que en el mundo, a raíz de la pérdida de confianza en los mercados, necesita de generadores de confianza adicionales, como las prácticas responsables, el buen gobierno, el respeto por las personas y el medio ambiente.

    Ojalá que el sistema financiero, en ejercicio de su voluntariedad para hacer las cosas bien (si es que le interesa) y en su necesidad por entrar a formar parte de un mercado global que está pensando en la sostenibilidad, tenga la capacidad de entender que la actividad de reportar sus resultados a la sociedad en particular y el de la responsabilidad social en general, son asuntos de estrategia y gestión integrales dentro de la organización. No se trata de en qué gasto mis excedentes sino cómo gestiono mi negocio, cómo gano dinero.

    Algo más, abstrayendo la discusión del sistema financiero, este decreto se convierte en un ejemplo de cómo no debe regularse la responsabilidad social.

    Finalmente, esperemos que la constante referencia del gobierno Uribe a la "inversión con responsabilidad social" no esté basada en este concepto trasnochado. Confiemos que así no sea, y mucho menos, que no sea así por 4 años más.

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